Así lo explica Alix Stella Vanegas, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), quien asegura que el nuevo esquema del Estado en el sector eléctrico ha traído consigo el aumento de las tarifas del servicio, en especial para el sector residencial, pues las nuevas administradoras prefirieron “castigar” a las personas naturales para mantener satisfechos a sus clientes empresariales.

Simultáneamente aumentó la participación del presupuesto público para garantizar el acceso de los ciudadanos de menores recursos.

Según el estudio, el Estado focalizó su gasto público en subsidios a la población de estratos 1, 2 y 3, por lo que en 2017 el 54 % de estos aportes se pagaron con recursos del Presupuesto General de la Nación. Tal situación ha originado condiciones de inequidad para los consumidores y una sobrecarga del presupuesto público.

En su nuevo rol, el Estado gestiona el sector eléctrico según criterios de mercado, impulsando la creación de condiciones de competencia perfecta que se traducen –para la construcción de proyectos de generación eléctrica– en contratos de estabilidad jurídica y financiera que favorecen la inversión de las empresas eléctricas.

“El Estado ha volcado sus acciones a poner en marcha mecanismos que incentiven la inversión de empresas extranjeras en el país; dos de los más significativos son los contratos de estabilidad jurídica y el cargo por confiabilidad”, explica la magíster.

Este estudio, realizado con el grupo de investigación en Estudios Ambientales, documentó 474 acciones de tutela en Betania y 542 en El Quimbo, con el objetivo de identificar los cambios en los conflictos ambientales que se han generado en el Huila por la construcción de las hidroeléctricas.

Caso Betania

El estudio arrojó que esta hidroeléctrica vivió una fase de alta conflictividad, que coincide con el llenado del embalse y la puesta en operación. Varios de los conflictos se dieron por cuenta del pago tanto de tierras inundadas como de compensaciones económicas y físicas por los impactos de las obras por parte de las empresas públicas y entidades del gobierno local y departamental.

El conflicto ambiental por la construcción de la central hidroeléctrica de Betania se caracterizó además por una falta de planificación de la obra, que llevó a municipios como Yaguará, Hobo, Campoalegre, Gigante y la inspección de Betania, en el municipio de Palermo, a vivir situaciones sanitarias y sociales adicionales que agudizaron los impactos de las comunidades frente a la obra.

La investigadora destaca que “por medio denuncias, pronunciamientos, emplazamientos y embargos preventivos, las entidades territoriales buscaron que la constructora del proyecto pagara las compensaciones a la población afectada”.

Señala además que la negociación se alcanzó gracias “al emplazamiento que el municipio de Yaguará –reubicado para darle lugar a la hidroeléctrica– le hizo a la constructora unos meses antes de la inauguración de la hidroeléctrica”.

Compensaciones en El Quimbo

En este caso la reclamación por el pago de las compensaciones no contempladas en los estudios de impacto ambiental, y las dejadas de pagar por Emgesa, sigue vigente dos años después de que la hidroeléctrica entró en operación. Se estima que solo en el proyecto de El Quimbo se afectaron más de 11.000 hectáreas de bosque seco.

La dilación del proceso de El Quimbo puso en evidencia que el actual esquema de subasta para asignar la construcción y operación de proyectos de generación constituye un incentivo a que las empresas tramiten una licencia ambiental con estudios de impacto poco rigurosos, subestimando los impactos ambientales y sociales del proyecto.

“Los costos de algunos de los impactos sociales y ecológicos han sido para los pobladores, quienes han sufrido efectos como las inundaciones y han generado alternativas económicas y sociales de sobrevivencia con los pocos recursos con los que quedan después del desplazamiento del municipio”, señala la investigadora.

Según Emgesa, en marzo de 2015 la cifra de afectados llegó casi a los 15.000 habitantes, también damnificados por este proyecto.

La comunidad denunció al Estado por actuar a favor de la empresa, reclamando la protección de sus derechos y la garantía del pago de sus compensaciones. Una de las acciones de la población fue demandar al Estado para realizar la primera audiencia pública de seguimiento a una obra hidroeléctrica en construcción, realizada en 2017.

De la audiencia surgió una demanda interpuesta por el gobernador del Huila, Carlos Julio González, en la que solicitaba la suspensión de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico. Sin embargo en abril de 2018 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), lo que indica una continuidad del proyecto.