El artículo examina el vínculo entre el desarrollo económico y el impacto ambiental en 19 países del G20 durante el periodo 1995-2015. A través de un Modelo de Efectos Aleatorios, los investigadores validan la Curva de Kuznets Ambiental (EKC), analizando cómo variables como la calidad de las instituciones y el gasto público determinan los niveles de CO2. El análisis revela una trayectoria de U invertida, donde el crecimiento inicialmente daña el entorno, pero comienza a mejorar tras alcanzar cierto nivel de ingresos. Un punto clave del estudio es el papel de la calidad institucional (que abarca transparencia, control de corrupción y estado de derecho), la cual reduce las emisiones al permitir la implementación de regulaciones más estrictas y transparentes. En contraste, se observó que el gasto gubernamental en estas naciones tiende a aumentar la contaminación, de modo que se muestra que las inversiones públicas en el G20 aún no integran plenamente criterios de sensibilidad ambiental. La investigación concluye que es imperativo reorientar los presupuestos estatales hacia la innovación en energías renovables y la aplicación de impuestos al carbono, especialmente en los mayores emisores. Se destaca que fortalecer la gobernanza y priorizar la cooperación con organizaciones certificadas en gestión ambiental son pasos críticos para lograr una economía de bajas emisiones en las potencias mundiales.