El sistema de administración pública brasileño cuenta con miles de organizaciones y departamentos a nivel federal, estatal y municipal, distribuidos por todo el territorio nacional. Estos realizan actividades que pueden tener impactos sociales y ambientales significativos. La presente investigación tiene como objetivo proponer un índice de sostenibilidad a través del Modelo de Diagnóstico Socioambiental del Sector Público (DISASP). Este modelo se basa en el Sistema de Contabilidad de Gestión Ambiental desarrollado por investigadores de la Universidad Federal de Santa Catarina. El modelo propuesto complementa este sistema al incluir las directrices de la Agenda Ambiental de la Administración Pública, programa del Ministerio del Medio Ambiente que incentiva prácticas de gestión socioambiental en el sector gubernamental. El método DISASP fue probado en una autarquía federal de la ciudad de Río de Janeiro. Para el diagnóstico institucional, se envió a siete gestores un cuestionario que contenía 124 preguntas con ocho ejes temáticos: Uso Racional de Recursos Naturales y Bienes Públicos; Gestión Adecuada de Residuos; Calidad de Vida en el Ambiente de Trabajo; Sensibilización y Capacitación; Compras Públicas Sostenibles; Construcción Sostenible; Responsabilidad Social y Ambiental; y Gestión Institucional. Se obtuvo un índice de sostenibilidad "débil", lo que indica la necesidad de que este sector mejore su desempeño socioambiental. El estudio indicó que el DISASP cumplió adecuadamente su papel como instrumento de evaluación de las prácticas socioambientales en el sector público. Futuros estudios deberán ampliar la aplicación del método DISASP a la autarquía estudiada en diversos momentos, así como aplicarlo a otros organismos públicos.
1. INTRODUCCIÓN
Las organizaciones, ya sean públicas o privadas, desempeñan un papel importante en la búsqueda de la sostenibilidad social y medioambiental. Algunas empresas son capaces de aprovechar mejor sus recursos adoptando la gestión medioambiental como ventaja competitiva, evitando los residuos y empleando tecnologías más avanzadas. Estas empresas deben cumplir la legislación medioambiental para reducir el riesgo de sanciones o responsabilidades medioambientales (Tauchen y Brandli, 2006).
Según Guthrie y Parker (1989), las organizaciones se legitiman por su funcionamiento en la sociedad a través de un contrato social. A la luz de la teoría de la legitimidad, los directivos desempeñan un papel fundamental en la percepción de cómo la organización es vista por la sociedad. Las prácticas organizacionales pueden romper con este contrato social de alguna manera, por ejemplo, con respecto al medio ambiente, la ciudadanía, las costumbres y el orden jurídico, y es necesario que se divulguen estrategias correctivas, cambiando la percepción que la sociedad tiene de la organización (Deegan, 2002, Conceição et al., 2011).
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