No obstante, la salida del confinamiento y la reactivación de las cadenas productivas llevan a los gobiernos a enfrentar importantes desafíos para asegurar que las operaciones activas, y las que se reactivarán, cumplan con estrictas medidas de protección frente al COVID 19 para los trabajadores y las comunidades locales.
La mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC) han definido lineamientos para la elaboración de protocolos de operación del sector extractivo, apoyados por gremios, sindicatos o comunidades. Con base en las medidas tomadas en la región se resaltan algunas prácticas que facilitan la coordinación y el regreso seguro a las operaciones:
Protocolos para asegurar la protección de los trabajadores
La definición de protocolos de protección a los trabajadores es usualmente una función que involucra a los Ministerios de Salud, del Trabajo, y de Minas y Energía. La coordinación de esfuerzos y medidas regulatorias entre las autoridades ha permitido que las empresas tengan mayor claridad sobre las prácticas y medidas requeridas para la reactivación de sus operaciones (Ver algunos ejemplos en los siguientes enlaces: Colombia y Perú.).
Esquemas de coordinación interministerial
Asimismo, los gobiernos de ALC han establecido lineamientos que las empresas deben evaluar e implementar conforme al mapa de riesgo de sus propias operaciones. En general, los protocolos incluyen: i) planificación de las operaciones incluyendo medidas preventivas para el inicio de las actividades y el análisis de riesgos de contagio, flexibilidad, y protección laboral; ii) medidas de protección e higiene en las instalaciones o campamentos; iii) protocolos de ejecución de las rutinas operativas; iv) procedimientos para la respuesta y manejo de personal con sospecha de contagio; v) plan de comunicación a trabajadores, comunidades e instituciones gubernamentales; y vi) plan de capacitación a los trabajadores y comunidades.(Consultar algunos ejemplos de protocolos en los siguientes enlaces: Argentina y Perú)
Para promover cumplimiento de los protocolos de protección a los trabajadores es necesario establecer claros mecanismos de reporte y monitoreo. En algunos países, como Brasil y Colombia, se ha establecido que la responsabilidad en las empresas de los protocolos COVID-19 corresponde al supervisor del comité de salud y seguridad en el trabajo. Asimismo, la vigilancia y auditoria se realiza por las autoridades nacionales, regionales, o municipales encargadas del seguimiento a riesgos laborales y los temas de salud, seguridad e higiene en el trabajo.
¿Cómo está apoyando el Banco Interamericano de Desarrollo el regreso seguro de las operaciones del sector extractivo?
El BID, a través de los diálogos de política, ha compilado lineamientos y experiencias con el fin de guiar a los tomadores de decisiones de ALC, en la difícil tarea de cómo liberar las restricciones y reanudar las actividades socioeconómicas. Asimismo, se ha realizado una compilación de medidas para y del sector extractivo a fin de promover el intercambio de información y buenas prácticas en la región. Entendiendo las particularidades de las operaciones en cada país, el Banco ha apoyado a los gobiernos en la realización de estudios para el análisis de riesgos y la definición de protocolos específicos de operación.
[1] Debido a la necesidad de asegurar el suministro de combustibles durante la emergencia y complejidad económico-operativa y ambiental para detener la producción de forma inmediata.
[2] El International Council on Mining and Metals ha compilado la respuesta al COVID 19 de más de veinte empresas mineras con operaciones en la región. Para mayor información consultar ICMM
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Trabajamos para mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe. Ayudamos a mejorar la salud, la educación y la infraestructura a través del apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad. Nuestro objetivo es alcanzar el desarrollo de una manera sostenible y respetuosa con el clima. Con una historia que se remonta a 1959, hoy somos la principal fuente de financiamiento para el desarrollo para América Latina y el Caribe.
Se estima que el mineral tendría un valor superior a los 6600 millones de pesos en el mercado ilegal internacional.
Alrededor de 196 millones de pesos al mes lograban recaudar como producto de la venta ilícita de esta producción.
La operación afecta a los grupos armados dedicados al apoderamiento de hidrocarburos con fines de narcotráfico.
Investigadores de la Universidad de León han aplicado redes neuronales artificiales a imágenes captadas con drones para reconocer, con un 95 % de acierto, la huella que dejaron las explotaciones auríferas de los romanos en el noroeste peninsular. El sistema se puede aplicar para reducir los riesgos asociados a las minas abandonadas, que causan pérdidas humanas y económicas en todo el mundo.
La empresa productora de cobre en nuestro país avanzó 23 lugares en la medición, siendo una de las tres compañías de todo el listado con mayor avance en la edición 2023 del ranking.
Las industrias extractivas han jugado un rol significativo en la región andina desde la época colonial. La configuración de la economía y la sociedad ha estado ligada directamente a las vastas reservas de recursos naturales y al desarrollo de actividades extractivas que atraen inversiones, impulsando el desarrollo socioeconómico. Además, este sector representa un porcentaje importante en las exportaciones y tiene un gran impacto en los ingresos fiscales.