Construcción pública. BID

¿Cómo afecta el COVID-19 a la construcción de vivienda?

El acceso a vivienda de calidad y como consecuencia la alta tasa de vivienda informal es uno de los principales retos que enfrentan las ciudades de América Latina y el Caribe (ALC)[1]. La crisis del COVID-19 ha evidenciado la alta vulnerabilidad que los hogares informales enfrentan al contar con condiciones precarias como hacinamiento y falta de acceso a servicios de agua y saneamiento. Esto está demostrando la importancia de invertir en infraestructura de vivienda que atienda a las poblaciones vulnerables, así como mecanismos y reformas que contribuyan a reducir los déficits de vivienda.

La paralización de la industria de construcción por el COVID-19 se ve reflejado en altos niveles de desempleo. El sector construcción en ALC representa una parte importante del gasto en inversión pública[2] y una fuente significativa de empleos[3]. Además, la inversión en construcción tiene un efecto multiplicador en la economía, generando empleo indirecto y dinamiza otras industrias que forman parte de la cadena de producción. Así mismo, este sector emplea una alta proporción de la población no calificada y vulnerable socioeconómicamente que depende de los ingresos diarios, afectando a poblaciones que no cuentan con un “colchón económico” que les permita mantenerse por un tiempo prolongado.

Permitir que las empresas de construcción que se encontraban realizando obras públicas quiebren, implica altos costos para reanudar las obras y mayores retrasos en su culminación. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de Chile estima que contratar a una empresa nueva para retomar la construcción de una obra que se encuentra en un 60% de avance implica un costo mucho mayor que cubrir el 40% faltante de la obra. Esto podría resultar en la incapacidad de los gobiernos en completar las obras a mediano plazo.

Experiencias internacionales

Dado que el sector de construcción, principalmente el asociado a vivienda es clave para mitigar los efectos del COVID-19, muchos países ya se encuentran implementando medidas referentes al sector de construcción inmobiliaria, tanto fiscales y financieras como logísticas.

Algunos países han adoptado medidas fiscales y financieras dirigidas a las empresas del sector construcción, con el fin de reducir el impacto negativo en el empleo y evitar que las empresas quiebren. Por ejemplo, en Chile, se adoptó una medida que permite anticipar los pagos a las empresas constructoras de vivienda social para que cubran el salario de los trabajadores y evitar el quiebre de estas. En Israel se incrementó el porcentaje de la cartera crediticia de los bancos (de 20% a 22%) que financia a las empresas constructoras. Así también, en Canadá el gobierno federal ofreció un monto de $65 billones para financiar créditos a las empresas de diversos sectores, incluyendo construcción, y en Argentina, el gobierno ha subsidiado préstamos de las empresas relacionadas a este sector. En Bélgica, dado que las empresas del sector construcción cerraron temporalmente por “force majeure” (fuerza mayor), los empleados podían acceder a los beneficios entregados por la Oficina de Desempleo Nacional que consistía en pagarles el 70%  de su salario (máximo EUR 2,754 brutos por mes).

Otras medidas aplicadas han sido dirigidas a mitigar el efecto negativo sobre los créditos hipotecarios y su impacto a mediano plazo en el sector inmobiliario. Por ejemplo en Canadá, el gobierno, a través del Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC), está asegurando la morosidad adicional relacionada a los préstamos hipotecarios, y en México el gobierno está otorgando un millón de créditos para construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas. Estas medidas contribuyen a que a mediano plazo las entidades financieras cuenten con el capital necesario para que puedan seguir otorgando créditos hipotecarios y así el mercado inmobiliario siga funcionando.

Medidas logísticas

En algunos países y ciudades las actividades de ciertos subsectores de construcción fueron consideradas como actividades esenciales, por lo que siguieron operando durante la etapa de emergencia. Así mismo, algunos países han incluido a este sector como parte de las primeras etapas de reactivación. En ambos casos, los gobiernos están estableciendo medidas y protocolos de seguridad para reducir la propagación del COVID-19. Algunos ejemplos son:

• En Austria, las obras relacionadas al mantenimiento de infraestructura pública fundamental, como las tuberías de agua, continuaron con sus operaciones. Ante esto y con la reactivación paulatina del sector, la Cámara Económica de Comercio de Austria (WKO), con el respaldo del Ministerio de Salud, publicó una guía de protocolos a implementar en las obras de construcción. Esta guía incluye, entre otras, medidas de distanciamiento social, procurar tener la menor cantidad de obreros al mismo tiempo, y medidas sanitarias que requieren la provisión y el uso constante de desinfectantes, mascarillas y guantes, así como la obligación de desinfectar la maquinaria y los vehículos utilizados por cada trabajador. La confederación de construcción complementó esta guía clarificando las reglas a aplicar en el uso de transporte hacia y desde el sitio de construcción, como mantenerse a un metro de distancia en los vehículos y utilizar mascarillas. También WKO provee a las empresas información de hoteles que se encuentran disponibles para los trabajadores de construcción cerca a los sitios de trabajo y está facilitando la compra de mascarillas a precio de costo a las empresas y asegurando el envío de manera ágil.
• En Bélgica, durante el periodo de emergencia, las obras de construcción pública continuaron con sus operaciones, excluyendo obras de baja urgencia y las que se encontraban dentro de edificios ocupados. Dado que las medidas de aislamiento se están flexibilizando, la confederación de construcción ha establecido una serie de medidas que protegen la salud de los trabajadores. Las medidas también incluyen reglas para el transporte público de y hacia el sitio de construcción. Las empresas constructoras deben cumplir con las medidas de distanciamiento social y contar con el permiso y monitoreo del sindicato de trabajadores de cada empresa. Las empresas pequeñas que no cuentan con un sindicato deben desarrollar un análisis de riesgo en cada estación de trabajo y compartirlo con los trabajadores. Los empleados tienen el derecho a no trabajar en edificios donde se han detectado casos de COVID-19 o si se encuentra en un grupo de riesgo.
• Irlanda consideró como servicios esenciales los proyectos de construcción relacionados a salud, reparación de carreteras y servicios básicos. La industria de la construcción está incluida en la primera fase de apertura. Con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores en los sitios de construcción, la Federación de la Industria de Construcción (CIF) elaboró una guía que contiene un protocolo estándar de medidas de seguridad, complementado de un módulo de inducción online. Las compañías de construcción deben revisar sus planes de seguridad en base a esta guía y asegurar que todos sus empleados que retornen a las obras realicen la inducción online. Medidas como limitar el número de obreros por turno, comprometen el cronograma, los costos y los niveles de productividad de los proyectos, por lo que es necesario involucrar también al cliente. La CIF recomienda realizar un análisis de riesgos entre el cliente y el constructor para reconfirmar el reinicio de las obras, así como la revisión de nuevos cronogramas y medidas contractuales, si es necesario.
• En Chile, el sector construcción está siguiendo las medidas establecidas por el Ministerio de Salud, así como protocolos específicos al sector. Estas medidas incluyen acciones como el distanciamiento entre trabajadores, tomar la temperatura al ingresar y salir de las obras, reducir el número de obreros por turno, establecer turnos para el uso de duchas y comedores, y la instalación de lavaderos de manos y túneles de desinfección al interior de las obras.
• Ante la reapertura del sector construcción en Colombia, las empresas deben seguir un protocolo de bioseguridad establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Este protocolo contempla medidas como el uso de tapabocas y guantes de látex, establecer turnos de desinfección periódicas, restringir el uso de vehículos operativos a solo un trabajador, desinfectar diariamente los instrumentos de trabajo, y definir estrategias para reducir el uso del transporte público de los trabajadores. Cada obra de construcción deberá tener un inspector que realice el seguimiento del cumplimiento de las normas propuesto por la empresa responsable de la obra.
• El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú publicó lineamientos de prevención y control frente al COVID-19 que se deben implementar para el reinicio de actividades en el sector construcción. Los lineamientos incluyen, entre otros, realizar una evaluación de descarte (control de temperatura corporal y pulsioximetria, e identificación de síntomas) a todos los trabajadores que ingresen a las obras, instalar paneles informativos, mantener una distancia de 1.5 metros entre todo el personal o programar turnos de trabajo, proveer productos de higiene, garantizar el uso de mascarillas y guantes de látex, utilizar equipos de protección personal, y realizar la limpieza y desinfección diaria de todo el sitio de construcción y equipos.

El BID por su parte, está apoyando la aplicación de medidas de protección hacia el COVID-19 en los proyectos de infraestructura que financia. Por ejemplo, en Campo Grande, Brasil, el Programa Reviva Campo Grande, un programa de revitalización del centro, reanudó sus operaciones a finales de marzo incorporando estrategias de seguridad. Entre estas se encuentran el establecimiento de protocolos específicos de bioseguridad, ofrecer capacitación a los equipos con respecto a los protocolos, implementar practicas de higiene, y un constante seguimiento y monitoreo.

Lecciones Aprendidas 

Además de determinar protocolos y lineamientos que requieren medidas de distanciamiento social, limpieza y desinfección dentro de las obras, la experiencia internacional resalta la importancia de comunicar estos lineamientos a través de guías fáciles de entender, así como cursos de inducción a los trabajadores. Complementar las medidas dentro de la obra con medidas que promuevan la seguridad en el transporte público, realizar análisis de riesgos en los sitios de construcción y consensuar las medidas entre empresas, clientes y trabajadores también son fundamentales para la efectiva implementación.

Tanto los protocolos como las medidas fiscales y financieras son necesarias para la reactivación del sector construcción. Es clave tener en cuenta que toda medida de política pública debe ser adaptada y replicada considerando el contexto de cada país. Muchas de estas medidas están siendo efectivas a corto plazo y podrán contribuir a que las empresas y los proyectos que iban en marcha puedan sobrevivir a la crisis. Sin embargo, es necesario que los gobiernos también piensen en reformas del sector vivienda a mediano y largo plazo. Reformas que permitan incrementar el acceso a vivienda de calidad, especialmente dirigido a poblaciones vulnerables.

[1] Se estima que, en América Latina, más de 5 millones de familias dependen de otras familias para acceder a una vivienda, más tres millones viven en viviendas precarias y por lo menos 34 millones de familias no cuentan con acceso a infraestructura de servicios básicos. Fuente: IDB (2012). Room for Development: Housing Markets in Latin America and the Caribbean.

[2] En promedio, los países latinoamericanos invierten el 28% del gasto total en infraestructura pública de transporte, incluye transporte terrestre, ferroviario, aéreo y otros; y el 19.7% en construcción de viviendas y de servicios comunitarios como redes de suministro público de agua y alumbrado eléctrico[2]. Fuente: Armendariz, E., & Carrasco , H. (2019). El gasto en inversión pública de América Latina: Cuánto, quién y en qué. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo – Sector de Instituciones para el Desarrollo, División de Gestión Fiscal.

[3] Según la OIT, en ALC, al 2018 el sector construcción empleó directamente al 7.5% de la PEA. Fuente: Organización Internacional del Trabajo. (2019). Panorama Laboral América Latina y el Caribe 2018. Lima: Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Obtenido de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/documents/publication/wcms_654969.pdf

Autor

BID

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Trabajamos para mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe. Ayudamos a mejorar la salud, la educación y la infraestructura a través del apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad. Nuestro objetivo es alcanzar el desarrollo de una manera sostenible y respetuosa con el clima. Con una historia que se remonta a 1959, hoy somos la principal fuente de financiamiento para el desarrollo para América Latina y el Caribe.