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América Latina y el Caribe ha realizado un enorme esfuerzo para aumentar significativamente los niveles de cobertura de agua y saneamiento a lo largo de las últimas décadas. Como recoge el reporte insignia del Banco Interamericano de Desarrollo en 2020, De estructuras a servicios El camino a una mejor infraestructura en América Latina y el Caribe, la proporción de la población que tiene al menos acceso a servicio de agua potable básico promedia el 95%. En el caso de saneamiento, el nivel de acceso básico generalizado es menor, ubicándose en una cobertura regional promedio de 84%. Sin embargo, el progreso de la región requiere de nuevos y mejores estándares, y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pasa no sólo por tener acceso a servicios mejorados, sino alcanzar el acceso universal a agua gestionada de forma segura para 2030, con lo que al incluir variables de calidad del servicio que se incluyen en los ODS, hacen que estas coberturas bajen significativamente.

Para alcanzarlo, las necesidades de inversión continúan siendo elevadas: según estimaciones del Global Infrastructure Outlook , en la región de América Latina y el Caribe, tan solo en el sector de agua necesita invertir en promedio en torno a  US$ 23.000 millones anuales entre 2020 y 2030 para cubrir las necesidades de infraestructura, incluyendo aquellas necesarias para alcanzar las metas de los ODS, para superar los diversos retos en términos de provisión, alcance y calidad del servicio. Los problemas con estos últimos generan graves consecuencias en la salud de la población: se podrían salvar más de 9.000 vidas al año si la región pudiera elevar la calidad de sus servicios de suministro de agua a los niveles europeos. Y la situación se vuelve todavía más compleja en zonas rurales, donde la baja densidad poblacional hace más costosas las inversiones.

Pero los recursos para hacer frente a estas necesidades son escasos: las necesidades de gasto corriente derivadas del impacto que la COVID-19 ha tenido sobre las economías de la región dificultan la capacidad de éstas para acometer el esfuerzo inversor necesario en el sector. De acuerdo con el reciente reporte macroeconómico del BID 2021, el paquete fiscal medio para hacer frente a la crisis fue del 8,5% del PIB y los déficits fiscales aumentaron un 5,3% del PIB en promedio en 2020. La deuda pública pasó del 58% del PIB en 2019 al 72% en 2020 y podría seguir aumentando hasta el 76% en 2023.

APPs en agua y saneamiento, una oportunidad sostenible y eficiente en el uso de los recursos públicos

La evidencia regional e internacional muestra cómo, bajo las condiciones adecuadas y correctamente preparadas, las Asociaciones Público-Privadas (APP) suponen una alternativa eficiente para el desarrollo de activos y provisión de servicios de agua y saneamiento. Un ejemplo se da en los contratos basados ​​en el desempeño: un reciente estudio del BID para el caso de Bahamas para la reducción de Agua No Contabilizada, muestra cómo este mecanismo tuvo enormes beneficios, incluidos beneficios financieros: entre otros, la recuperación de costos operativos aumentó sustancialmente, y se redujo subsidio operativo recibido del gobierno para gastos operativos.

Sin embargo, hasta la fecha, del total de participación privada en el desarrollo de infraestructura en América Latina y el Caribe, sólo el 15% de los proyectos – que representan el 6% de los recursos – han llegado al sector de agua y saneamiento. Los cambios tecnológicos, las mejoras en los marcos regulatorios y de gobernanza, y la mayor sofisticación del sector suponen elementos propicios para un incremento sustancial de la participación privada en la provisión de servicios de agua y saneamiento, y el uso del mecanismo de las APP en el sector.

Con el propósito de conocer en profundidad la experiencia regional en contratos de APP en agua y saneamiento, desde el BID desarrollamos recientemente el Perfil de las asociaciones público-privadas en activos y servicios de agua y saneamiento de América Latina y el Caribe: Principales cifras y tendencias del sector, con un foco particular sobre plantas de tratamiento tanto de agua potable como de aguas residuales y contratos de prestación integral del servicio de agua potable y/o de saneamiento, a partir de un análisis de 505 proyectos de la región de las últimas tres décadas.

Potenciar la participación privada en el sector resulta crucial para acabar con las brechas de cantidad (niveles de acceso y cobertura), calidad y eficiencia del sector. La participación del sector privado puede contribuir, entre otros, a garantizar un mejor desarrollo, operación y mantenimiento de los activos y servicios de infraestructura, así como a preservar niveles de inversión adecuados ante un contexto de enormes dificultades fiscales. Bajo las condiciones e implementación adecuadas, las APP resultan un modo efectivo a la hora de reducir la brecha de infraestructura en la región, no sólo en términos cuantitativos, sino (especialmente) en términos de calidad y eficiencia, a través de una mejor planificación, desarrollo y mantenimiento de activos; una mejor alineación de incentivos; y una mejor gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Les animamos a explorar el Perfil de las asociaciones público-privadas en activos y servicios de agua y saneamiento de América Latina y el Caribe: Principales cifras y tendencias del sector, y conocer las principales cifras y tendencias del sector. Desde el BID apostamos plenamente por el desarrollo de análisis y evidencia que nos permita seguir mejorando nuestro impacto en la región, y cómo ésta puede hacer el mejor uso posible de los (cada vez más) escasos recursos públicos. Proveer a los habitantes de América Latina y el Caribe de unos servicios de agua y saneamiento de calidad es vital para asegurar su salud, calidad de vida, y bienestar. Y de este modo también lo es para fomentar la competitividad de sus economías. Continuaremos transformando los retos, y explorando las oportunidades que las APP nos presentan en el sector y cómo pueden contribuir de este modo al bienestar social.

*Gastón Astesiano es Jefe del Equipo de APP en la Vicepresidencia de Países del BID. Maria Pilar Castrosin es economista y actualmente es consultora en el Equipo APP del BID. Ancor Suárez-Alemán, Economista, PhD, es Especialista Senior en Asociaciones Público-Privadas en la Vicepresidencia de Países del BID. Lucio Javier Garcia es economista de profesión, y se desempeña como especialista financiero e institucional en la División de Agua y saneamiento del BID. Maria Eduarda Gouvêa es economista y trabaja como especialista financiero e institucional en la División de Agua y saneamiento del BID.

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Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Trabajamos para mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe. Ayudamos a mejorar la salud, la educación y la infraestructura a través del apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad. Nuestro objetivo es alcanzar el desarrollo de una manera sostenible y respetuosa con el clima. Con una historia que se remonta a 1959, hoy somos la principal fuente de financiamiento para el desarrollo para América Latina y el Caribe.