Las grandes crisis también traen grandes oportunidades. El surgimiento de la pandemia de COVID-19 en el contexto de la carencia de un sistema de salud universal en México, permitió implementar un esquema de colaboración público-privada que benefició a los usuarios del sistema público de salud, hecho inédito en un país donde dicho sistema se encuentra altamente fragmentado.
Habitualmente, en México, un paciente que se atiende en el sector público solo puede acceder a un hospital privado si cubre el 100% del costo del servicio, ya sea por gasto de bolsillo o a través de un seguro médico privado. Esto es imposible para una alta proporción de mexicanos que no tiene esta capacidad de pago. Por otro lado, un paciente que no es derechohabiente de una institución pública de seguridad social (como el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS) no puede recibir atención en estos hospitales, incluso estando dispuesto a pagar por los servicios (con algunas excepciones de urgencias médicas).
Crisis de COVID-19
A la par de que los hospitales públicos comenzaban a saturarse de pacientes COVID, los hospitales privados comenzaron a ver un decremento en la demanda de atenciones no relacionadas a COVID, por pacientes que postergaban procedimientos electivos o no urgentes por temor a contagiarse.
También, los establecimientos públicos suspendían intervenciones programadas o no vinculadas a la atención del COVID-19, para que los recursos pudieran responder de mejor manera a la crisis sanitaria. En este escenario, para el sistema de salud nacional (público y privado), la fragmentación de las instituciones dificultaba la gestión y disponibilidad de recursos.
Una solución a través de una colaboración público-privada
Esta apremiante situación orilló a la búsqueda de soluciones inmediatas. Con el apoyo de una institución sin fines de lucro, un grupo de hospitales privados entabló negociaciones con las instituciones públicas de salud. Se propuso que los hospitales privados recibieran en sus instalaciones y brindaran atención a ciertos pacientes de hospitales públicos a cambio de una tarifa predefinida por ambas partes.
Los costos se determinaron de acuerdo con los precios existentes de intercambio de intervenciones entre instituciones del sector público. Este intercambio consiste en una institución adquiriendo una determinada intervención o servicio médico para un paciente en otra institución, a través del pago de una cuota. En México se ha utilizado con el objetivo de utilizar mejor la capacidad instalada con la que cuentan las distintas instituciones del sector salud.
Tras un periodo de intensas negociaciones, se creó el programa “Todos juntos contra el COVID”, en el cual los hospitales públicos enviaban pacientes a los hospitales participantes del sector privado para la atención de alguna de las siete intervenciones/procedimientos señalados en la Tabla 1.
Intervenciones/procedimientos acordados |
Atención de parto, embarazo y puerperio |
Cesáreas |
Cirugía del apéndice |
Cirugía de hernias complicadas |
Úlceras gástricas y duodenal complicadas |
Endoscopías |
Colecistectomía |
Las intervenciones y procedimientos acordados requieren de cierta inmediatez en su atención y generalmente son resueltas en un solo evento quirúrgico. Se habilitó una plataforma para gestionar el envío de los pacientes, a través de la cual, los hospitales del sector público llevaban el control del envío de pacientes a los hospitales privados. Por su parte, los hospitales privados podían elegir cuáles intervenciones podían llevar a cabo y a cuántos pacientes podían atender.
Resultados del programa “Todos juntos contra el COVID”
El programa operó de abril a septiembre de 2020, durante los momentos más duros de la pandemia. Se atendieron 17.413 pacientes del sector público (86% fueron enviados por el IMSS) en 146 hospitales del sector privado.
Con este programa, los hospitales del sector público tuvieron mayor disponibilidad de camas hospitalarias para atender a más pacientes con COVID-19. Los hospitales del sector privado pudieron utilizar infraestructura y recursos desocupados e incrementar sus ingresos.
Además del beneficio en salud que significó para los pacientes ser atendidos oportunamente, una lección clave de esta experiencia es que el intercambio o subrogación de pacientes de hospitales públicos a privados es posible y tiene efectos positivos para los usuarios y el sistema de salud nacional, ya que permite optimizar el uso de la infraestructura y los recursos disponibles en ambos sectores.
Sabemos que este tipo de experiencia es incipiente y no está institucionalizada en México, de modo que permite abrir un diálogo sobre cómo optimizar el sistema de salud nacional a través de esquemas de contratación y complementación de recursos entre los sectores público y privado. Para ello hemos identificado algunos elementos clave que es necesario perfeccionar y desarrollar:
5 elementos clave de la colaboración público-privada
Los fundamentos institucionales para implementar estas cinco recomendaciones consisten en el diseño e implementación de políticas en salud orientadas a fomentar la participación del sector privado en los programas prioritarios de salud, el desarrollo de una base normativa y regulatoria de la interacción público-privada y la creación de áreas del sector público que tengan la capacidad y conocimientos para negociar y entender el mercado privado.
La participación público-privada tiene múltiples aplicaciones en el sector salud. Les invitamos a compartir sus opiniones sobre este tema y las opciones de cómo mejorar los servicios para la población, en especial de los más diferidos.
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