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Sabemos que nuestra región es una de las más expuestas y vulnerables a los riesgos del cambio climático, que, a su vez, generan grandes impactos económicos y sociales. Tan solo el año pasado, deslizamientos de tierra e inundaciones provocados por fuertes lluvias ocasionaron decenas de muertes en Quito, Ecuador, y en Recife, Brasil. Una ola de calor sin precedentes golpeó al Cono Sur en enero de 2022. El huracán Julia golpeó a Centroamérica en octubre del mismo año, dejando importantes pérdidas humanas y monetarias a su paso. En el 2021, la intensa sequía en el sur de la Amazonia y el Pantanal fue la peor de los últimos 60 años. La sequía generalizada en toda la región ha afectado significativamente las rutas de navegación interior, el rendimiento de los cultivos y la producción de alimentos, empeorando la inseguridad alimentaria en muchas zonas.

Aunque algunos países ya están avanzando en la tarea en reducir sus emisiones de carbono y preparando sus planes de adaptación y resiliencia, los efectos del cambio climático no dejarán de ocurrir, lo que implica que la región aún tiene mucho por trabajar. ¿Cómo podemos hacer frente a los retos que se avecinan? Y en especial, ¿cómo podemos contribuir a reducir estos impactos entre los más pobres y vulnerables?

Responder al cambio climático requerirá de transformaciones esenciales en la economía que traerán beneficios a la región, pero también necesitará sistemas de gestión de riesgos más sólidos que incluyan también la protección social. Aunque los sistemas actuales de protección social están relativamente avanzados, aún no tienen en cuenta los impactos relacionados con el cambio climático, dejando por fuera a una amplia parte de la población vulnerable. Por tal motivo, con el fin de potenciar la capacidad de respuesta de la región, el BID lanza su más reciente estudio en el cual investiga cómo la región utilizó la protección social no contributiva para responder al COVID-19 y cómo las lecciones que se derivan de esta crisis pueden ayudar a responder a choques relacionados con el clima, y de esta forma prepararnos para futuros impactos.

Un antes y un después

La crisis de COVID-19 cambió las reglas del juego de la protección social responsiva a choques en ALC, ya que todos los países tuvieron que implementar al menos una medida de protección social durante el 2020. Estos cambios ofrecen para la región nuevos mecanismos para prepararnos para los retos como los que nos trae el cambio climático.

Antes del COVID-19, los sistemas de protección social en LAC no contaban con estrategias institucionalizadas de respuesta a choques de distinta naturaleza. Los gobiernos solían tener un rol reactivo ante crisis, incluyendo las generadas por impactos ambientales, con respuestas ad-hoc para crisis puntuales. Además de la reconstrucción de infraestructura tras el paso de un huracán o el aporte de material para paliar los efectos de las inundaciones, la respuesta típica a los desastres provenía de la asistencia humanitaria con distribución de asistencia en especie, como lo es la entrega de alimentos. Sin embargo, estas respuestas humanitarias no estaban alineadas a la respuesta desde la protección social, y con el COVID-19 esto cambió.

La respuesta desde la protección social a COVID-19 llevó a la creación de nuevos programas temporales para llegar a poblaciones afectadas por la crisis pero que típicamente no son beneficiarias de los programas de transferencias monetarias. Estos nuevos programas tuvieron un importante impacto en atenuar los efectos de la pandemia sobre la pobreza y la inseguridad alimentaria. Dada la forma en que fue evolucionando la pandemia, los gobiernos se vieron en la necesidad de flexibilizar y cambiar los enfoques utilizados para identificar y registrar beneficiarios, adicionando de manera innovadora a los registros sociales existentes nueva información en muchos casos proveniente de registros en masa con formularios electrónicos. En Perú, por ejemplo, aunque ya tenían alta cobertura en el registro social, desarrollaron un nuevo mecanismo de registro para expandir la cobertura de forma virtual. También se innovó significativamente en la manera en la cual se pagan las transferencias, introduciendo distintos mecanismos de pago electrónico, lo que ayudó a dar una respuesta más rápida, aunque con el riesgo de dejar a personas que no tienen acceso al sistema financiero o a conectividad, detrás. En Bolivia, aunque el pago virtual fue un gran reto, a través de estos cambios lograron aumentar de forma significativa el uso de sistemas bancarios digitales, alcanzando mayor cobertura.

Lecciones para el futuro

Tres ideas principales emergen de la experiencia de respuesta a choques en ALC durante el COVID-19 que son relevantes para gestionar en el futuro los choques relacionados con el clima:

1. Es posible ampliar las intervenciones de protección social no contributiva para aumentar la respuesta de choque como parte de las estrategias para manejar crisis complejas. Las intervenciones de protección social de gran envergadura, que responden con éxito a las crisis, son viables y deben incorporarse como una capa adicional dentro de un sistema comprensivo de gestión de riesgos. En el caso de respuestas de choque para impactos generados por el cambio climático, requerirá de respuestas de emergencia, acción humanitaria, intervenciones en salud e infraestructura, entre otras. Por ejemplo, en Honduras, tras el inicio de la pandemia, dos huracanes fuertes azotaron al país. El gobierno ya estaba adaptando una herramienta de pagos a personas (G2P) para atender la crisis sanitaria y, tras los huracanes, pudieron utilizar este mismo mecanismo para responder a los impactos de ambos ciclones.  

• El tipo y la naturaleza de la crisis es clave para crear respuestas imperativas. Las crisis generadas por impactos climáticos suelen ser localizadas, por lo que la respuesta desde la protección social puede requerir mayor apoyo desde el ámbito público y político en comparación con COVID-19. Esto se evidencia en el limitado uso de la protección social para dar respuesta a crisis climáticas en el pasado. Y, en el caso de responder, en la preferencia por expandir beneficios a beneficiaros existentes, como lo hicieron Perú en el 2017 con El Niño Costero y El Salvador en 2018 ante la sequía, en lugar de ampliar cobertura de manera temporal.
• Aumentar la cobertura general de la protección social podría reducir las futuras necesidades da dar respuesta a por crisis relacionadas con el clima. Debido a la baja cobertura prepandemia y al alto nivel de informalidad laboral en la región, cuando llegó la pandemia todos los países consideraron necesario dar respuestas a gran escala. Asegurar un piso de protección social no solo puede ayudar a disminuir la necesidad en el futuro de dar respuestas de gran magnitud, sino además contribuye a aumentar la resiliencia de los hogares pobres y vulnerables al cambio climático.  

Recomendaciones para diseñar sistemas e intervenciones que den respuesta efectiva ante choques climáticos

El estudio también nos proporciona algunas lecciones clave y recomendaciones para los sistemas de protección social de la región:

• Enfocarse en diseñar sistemas de protección social responsivos a choques, y no programas
• Entender y evaluar los riesgos climáticos con antelación, para diseñar respuestas de protección social adecuadas
• Preparar con anticipación los mecanismos y sistemas de focalización y selección de beneficiarios, para que sean responsivos a choques
• Consolidar y mejorar los sistemas de información y pagos responsivos a choques que se pusieron en marcha durante la pandemia
• Invertir en mejorar los factores institucionales, contextuales y financieros asegurando colaboración interinstitucional, apoyo político, y financiamiento contingente.

Autor

BID

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Trabajamos para mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe. Ayudamos a mejorar la salud, la educación y la infraestructura a través del apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad. Nuestro objetivo es alcanzar el desarrollo de una manera sostenible y respetuosa con el clima. Con una historia que se remonta a 1959, hoy somos la principal fuente de financiamiento para el desarrollo para América Latina y el Caribe.