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2020-11-29Mayor deuda para Bogotá, ¿cuál es su propósito?

Agencia de Noticias UN |El 2020 pasará a la historia por la disrupción de la normalidad económica y la formulación del distanciamiento social como mecanismo de convivencia para asumir los estragos mundiales y locales de la pandemia del COVID-19. La reacción internacional fue la de propiciar intervenciones gubernamentales de mayor calado frente a la magnitud del retroceso económico y la crisis, acciones dirigidas a estimular la demanda, mantener el empleo y garantizar abastecimiento básico.

Ningún Estado estaba preparado para asumir las consecuencias, la mayoría tuvo que improvisar y recurrir a los instrumentos disponibles, especialmente en la búsqueda de recursos y la forma de transferirlos a la población; crédito y transferencias fueron la salida: mientras unos lo hicieron “bien”, otros se quedaron cortos, entre ellos Colombia.

La contingencia obligó a los Gobiernos a ser creativos, identificar prioridades y buscar mecanismos tendientes a reducir el daño, no a eliminarlo, porque ello era imposible. Les tocó a los Gobiernos porque el sector privado no esencial fue el principal damnificado por las medidas de aislamiento y las cuarentenas, y por lo tanto dejaron de hacer lo que para ellos era su forma de vida para producir y consumir, perdiendo ingresos y reduciendo su capacidad de compra. 

No todo el sector privado fue enclaustrado, algunos sectores encontraron su oportunidad y otros fueron directamente beneficiados por el cambio de condiciones; aquellos de actividad esencial siguieron adelante y las plataformas virtuales se posicionaron. Unos ganaron, la mayoría perdieron y los indicadores negativos consolidados aún son la constante.

El papel de los Gobiernos fue central en dos aspectos: i) en la conducción de la pandemia y ii) en la asignación oportuna de ayudas ante la parálisis económica.

La primera significó fortalecer el sistema de salud en capacidad diagnóstica, formulación asertiva y expansión de la capacidad hospitalaria; la mayor o menor eficacia se reflejó en el número de pruebas efectivas, la capacidad de aislar preventivamente, reducir la expansión del contagio, evitar la congestión de las UCI y limitar las muertes asociadas con el virus. Todos estos indicadores no favorecen a Colombia que, después de 9 meses, es el décimo país en contagio y el 13 en muertes, no tiene estrategia de masificación de pruebas siendo el país 93 en pruebas por millón, no congestionó las UCI, pero el 86 % de los muertos nunca pasó por allí. Sumado a esto, Bogotá es el centro del contagio.

El gasto para paliar la inactividad económica tampoco fue acertado por parte del Gobierno. La brecha entre lo informado por diversos canales y lo ejecutado es absurda: por un lado, el Gobierno nacional publicita destinar el 11 % del PIB, y por otro, los reportes indican que no se llega al 3 % de ese mismo PIB, diferencia de 8 puntos que pasa sin comentarios. Desde el inicio, su propuesta fue aliviar la carga de las empresas estimulando la oferta, para lo cual promovió liquidez y canales de crédito, más tarde incluyó subsidios a la nómina y modificó la estructura y base de los subsidios condicionados, llevando el “ingreso solidario” a grupos vulnerables, insuficiente para dinamizar la demanda.

¿Y Bogotá?

El Gobierno distrital formuló divergencias respecto a la estrategia nacional en dos campos: i) en las instrucciones y condiciones del aislamiento respecto al ingreso por el aeropuerto, los días sin IVA y la apertura comercial; sin embargo, en sus manos quedó implementar el proceso de apertura y recuperación de la economía local, y ii) privilegiar el tipo de ayudas hacia los ciudadanos desprovistos de recursos y que ondearon el trapo rojo, aunque terminó complementando las ayudas nacionales, entregando un auxilio adicional según las bases de información conjuntas y negando la posibilidad de promover una renta básica. La ciudad, principal centro económico del país y 25 % del PIB, refleja la profundidad de la crisis nacional, y para atenuarla, aprobó el “Plan Marshall”.

Sin que el ciclo de la pandemia haya concluido, solo habrá vacuna a finales de 2021 para la quinta parte de la población, la situación es calamitosa, la economía nacional y local declinó, oficialmente estamos en recesión luego de dos trimestres seguidos de tasa negativa de crecimiento, el choque de demanda es fuerte, se redujo la capacidad de compra y los apoyos del Estado son insuficientes, no obstante la deuda pública aumentó a niveles nunca alcanzados, en la nación como deuda real y en el Distrito como cupo de endeudamiento.

La diferencia es sustancial: la nación tiene aprobado un tope de deuda rotativo que se libera con amortizaciones, y el Gobierno tiene la facultad de emitir títulos de deuda TES, mientras en el Distrito se aprueban cupos de endeudamiento no renovables y la deuda solo se hace efectiva cuando se adquiere el crédito.

Luego de la postración, lo que sigue es la perspectiva de recuperación, también con matices, el Gobierno nacional cree que la debe hacer el sector privado y se abstiene de incrementar su gasto, mientras el distrital asume un plan con el propósito de estimular la oferta. Afortunadamente la administración local se distancia del Gobierno nacional en la expectativa de la recuperación en “V”, solo que son razones diferentes: mientras el nacional piensa recuperar los hidrocarburos y con ellos volver a crecer, con el “Plan Marshall” se piensa mantener las obras de largo plazo y estima en ellas el mayor factor multiplicador, y a su vez entrega paliativos de corto plazo con pequeñas obras en las alcaldías locales.

Dada la magnitud de la debacle, el interrogante es si la recuperación se logra con la fórmula de continuidad, como si todo estuviera bien y la pandemia no lo hubiera echado al traste.

Antes de la presencia del COVID-19 ya había crisis, y se acentuó con las cuarentenas; por lo tanto, se trata de reaccionar en la búsqueda de oportunidades de corto plazo; de fomentar obras menores de alto impacto, pavimentar la red terciaria, recuperar andenes, ampliar la red de ciclorrutas, hundir las redes de servicios públicos, extender la red de fibra óptica, organizar y dignificar el reciclaje, fomentar la seguridad alimentaria local, consolidar encadenamientos de micros y pequeñas empresas y estimular el desarrollo de ciudades dentro de la ciudad. Poco de eso hay en el cupo de endeudamiento del distrito, de 10,8 billones de pesos para megaobras y otra infraestructura.

El cupo es el equivalente a una tarjeta de crédito: mientras no se use el endeudamiento real es bajo, cuando se use vendrá la necesidad de presupuestar amortización y servicio de la deuda. Hoy la ciudad tiene bajo nivel de endeudamiento real y un cupo sin usar, un cupo del cual se ha usado 3,4 billones de pesos, por efecto de empezar a apalancar la construcción de un Metro sin estudios de detalle, mientras otras obras apenas están en diseño, son de buses y arrancarán en 2022, muy tarde. Los indicadores de sostenibilidad de la deuda, en 24 % sobre un tope de 80 %, y de capacidad de pago, 1,9 % sobretope de 40 %, son bajos y no hay riesgo de que las calificadoras no certifiquen el manejo financiero de la ciudad. Sin temores, hay que actuar ya.

Unimedios | Agencia de Noticias UN
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