Las inversiones contemplan la construcción de nuevas redes y la optimización, repotenciación y mejoramiento de las ya existentes. Estas podrán ser también acogidas por los contratistas o titulares mineros que hayan celebrado contratos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.
El documento señala que, dentro de seis meses, el Gobierno Nacional reglamentará técnicamente los criterios para la viabilidad de los proyectos de prestación de los servicios públicos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, así como la Agencia Nacional de Minería, deberán incorporar dentro de las guías y/o términos de referencias para Programas en Beneficio de las Comunidades y Planes de Gestión Social, los criterios de priorización estipulados.
En caso de que la comunidad esté interesada en otro tipo de proyectos o que cuenten con la prestación de servicios públicos domiciliarios, podrán ser direccionados en inversiones priorizadas para el impulso del desarrollo social de las poblaciones, la reducción de la pobreza extrema y la rehabilitación, protección y conservación del ambiente.
Las inversiones que se realicen en los Programas en Beneficio de las Comunidades en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios, deberán contemplar los costos y cargos de conexión para la entrada en operación del servicio.
La nueva norma señala que, las inversiones para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, energía para la cocción de alimentos y energía para la distribución, purificación y tratamiento de aguas incluirán la implementación de energías renovables alternativas.
Asimismo, indica que en etapa de exploración y producción, el valor de la inversión en ningún caso deberá ser inferior al 1% del valor total de la inversión contenida en cada fase del Programa Exploratorio Mínimo, Adicional o Posterior, o Programa de Retención y en cada uno de los programas anuales de operación, respectivamente. Tampoco deberá ser inferior al 1% de la utilidad neta obtenida en el año inmediatamente anterior asociada al título minero.
Revista ambiental independiente de Colombia, editada por la entidad sin ánimo de lucro Corporación BIOPARQUE. Fue creada en 2007 y su propósito fundacional es la difusión del conocimiento ambiental y sostenibilidad con énfasis en fuentes académicas. El interés que despierta se basa en el tratamiento de los temas con veracidad y rigor periodístico a través de un lenguaje cercano, serio y respetuoso lo que le ha significado ocho (8) premios de periodismo y la circulación trimestral impresa.
Se estima que el mineral tendría un valor superior a los 6600 millones de pesos en el mercado ilegal internacional.
Alrededor de 196 millones de pesos al mes lograban recaudar como producto de la venta ilícita de esta producción.
La operación afecta a los grupos armados dedicados al apoderamiento de hidrocarburos con fines de narcotráfico.
Investigadores de la Universidad de León han aplicado redes neuronales artificiales a imágenes captadas con drones para reconocer, con un 95 % de acierto, la huella que dejaron las explotaciones auríferas de los romanos en el noroeste peninsular. El sistema se puede aplicar para reducir los riesgos asociados a las minas abandonadas, que causan pérdidas humanas y económicas en todo el mundo.
La empresa productora de cobre en nuestro país avanzó 23 lugares en la medición, siendo una de las tres compañías de todo el listado con mayor avance en la edición 2023 del ranking.
Las industrias extractivas han jugado un rol significativo en la región andina desde la época colonial. La configuración de la economía y la sociedad ha estado ligada directamente a las vastas reservas de recursos naturales y al desarrollo de actividades extractivas que atraen inversiones, impulsando el desarrollo socioeconómico. Además, este sector representa un porcentaje importante en las exportaciones y tiene un gran impacto en los ingresos fiscales.