Esta solución les permitirá responder a uno de los retos más grandes, que es la transición a tecnologías limpias para separar el metal (beneficio), ya que el acuerdo exige que los mineros no usen mercurio, sustancia prohibida en el país.
“Previamente hicimos estudios metalúrgicos y combinamos sistemas como la concentración gravimétrica con tecnologías como la flotación espumante; estos estudios casi nunca se aplican en minería a pequeña escala, lo que supuso otro reto para los investigadores”, detalló el profesor Oswaldo Bustamante Ríos, doctor en Ingeniería y Metalurgia y director del Cimex.
Con esas tecnologías los mineros lograrán recuperar hasta el 95 % del metal, cuando lo común en la zona es que sea apenas del 40 o 50 %. Eso quiere decir que habrá mayor ganancia sin tener que sacar mayores volúmenes de material.
Ya que la producción se hará con tecnologías limpias, los mineros podrán acceder a mejores precios, pues el oro limpio tiene mayor valor en mercados como el de tecnología y joyería.
El profesor Bustamante explicó que los mineros estaban asentados en unos terrenos cuyos títulos mineros le pertenecen a la empresa Gramalote Colombia Limited, de la que son socias las mineras B2Gold (Canadá) y AngloGold Ashanti (Sudáfrica).
Señaló además que “la empresa negoció con los mineros para apostarle a la formalización. El acercamiento no fue fácil porque ellos están acostumbrados a tener el dinero rápido, pero en la medida en que van notando los resultados se motivan, porque tienen el acompañamiento y el aporte científico de la Universidad, además del apoyo de la empresa privada y otras instituciones”.
Karen Ocampo Torres, magíster en Recursos Minerales y coordinadora técnica del proyecto, detalló que entre 2017 y 2018 empezaron los acercamientos y negociaciones entre la empresa y los mineros que estaban ocupando sus títulos, y llegaron a acuerdos con 18 de ellos.
Minería bien hecha
“Los mineros se agruparon en la sociedad La María. La empresa les cedió varias hectáreas para que trabajaran, con el compromiso de que se formalizaran, para lo cual acudieron al Cimex. Cuando llegamos en 2019 encontramos que los mineros no cumplían con ninguno de los requisitos para minería subterránea”, detalló la magíster.
La UNAL, la empresa Gramalote, el Ministerio de Minas, la Secretaría de Minas de Antioquia y otras entidades como el SENA, Cornare y ARM, se encargaron de asesorarlos para que se legalizaran. Se elaboró un estudio de impacto ambiental que permitió que en abril de 2020 les aprobaran la licencia ambiental, y se creó el Programa de Trabajos y Obras Complementarios (PTOC) que fue avalado en junio de ese mismo año por la Agencia Nacional de Minería.
Además se bancarizaron, se afiliaron a sistemas de seguridad social y en el trabajo, los obreros recibieron elementos de protección personal y cada mina fue asesorada para mejorar la estabilidad de sus túneles, la ventilación y otros elementos que reducen el riesgo de accidentes. También fueron capacitados en el manejo de explosivos y obtuvieron el certificado de uso por parte de la Industrial Militar (Indumil).
Juan David Ramírez Soto, gerente de Sostenibilidad del proyecto Gramalote, señaló que la empresa está buscando que la pequeña y la gran minería coexistan con procesos técnicos, ambientales y administrativos bien hechos.
“Seleccionamos a la UNAL para que nos acompañara por su credibilidad y confianza en el trabajo con comunidades y la experiencia en minería especializada. El contrato va por buen camino y esperamos que la planta de beneficio permita cerrar el ciclo de legalidad”, concluyó el gerente.
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