• En el caso de los concesionarios que indexaron el valor de sus peajes, antes de que entrara en vigor el mencionado decreto, -tal como lo establecen los contratos- varios de ellos ya ajustaron sus tarifas con los valores que rigieron durante el año 2022. En otros casos específicos, donde la naturaleza de los contratos y la realidad económica de los concesionarios tienen particularidades, se están analizando los caminos que, al amparo de la ley, permitan tomar las decisiones que sean del caso.
• En ausencia de recursos públicos, el sector privado, los bancos y los fondos de inversión han colocado el capital requerido para el desarrollo de la infraestructura, con la certeza de que la estabilidad jurídica y los contratos ofrecidos por el gobierno, crean las condiciones para la recuperación de la inversión realizada. Las tarifas de los peajes que se son reguladas por el propio Estado, son una de las fuentes de pago.
• Confía el gremio de la infraestructura en los compromisos del gobierno, en el sentido de que los significativos recursos que dejarán de percibir las concesiones, por cuenta de los alcances del decreto, serán restablecidos por el propio Estado, mediante los dineros que, como establece la ley, provendrán del denominado Fondo de Contingencias y otras alternativas que acuerden las partes.
• La participación privada en el desarrollo de infraestructura, como principal aliada del Estado, ha permitido dar un salto de enormes proporciones en pro de la modernización de la red vial del país. Durante los últimos 27 años, gracias al modelo de concesiones (el cual se financia con los dineros provenientes del recaudo de los peajes) el país ha construido, intervenido y mejorado más de 10.000 km de carreteras a lo largo y ancho de la geografía nacional. Es evidente que se trata de un modelo virtuoso que no solo ha contribuido a cambiar para bien el semblante físico de las vías, sino que ha redundado en un país más moderno, competitivo e interconectado.
• Finalmente, el país puede tener la certeza de que los concesionarios seguirán con su compromiso inquebrantable de trabajar en función del desarrollo, la modernidad y la competitividad de la nación.
La CCI es una asociación gremial empresarial que promueve el desarrollo socioeconómico a través de una infraestructura moderna y eficiente, defiende la institucionalidad, los principios éticos y la transparencia, busca el equilibrio en las relaciones contractuales, propende por el fortalecimiento de las empresas que intervienen en la cadena de valor y su recurso humano, e influye notoriamente en el diseño, construcción e implementación de las políticas públicas relacionadas con el sector.
El índice de percepción de la corrupción 2022 revela escasos avances contra la corrupción en un contexto mundial cada vez más violento.
El convenio firmado en el marco del XIX Congreso Nacional de Infraestructura, tiene como fin crear el ‘Fondo de Financiamiento para las pymes consultoras y constructoras del sector de la ingeniería y obras civiles’, con la intención de mejorar el acceso de financiamiento para capital de trabajo y crecimiento de estas empresas.
Un aspecto clave en materia de protección al medio ambiente tiene que ver con hacer compatible el respeto al planeta y su conservación con nuestra forma de vida. O dicho de otra forma: resulta indispensable que en nuestro futuro las ciudades sean sostenibles. El hecho es que más de la mitad de la población mundial reside en ciudades. Y la cifra cada vez es mayor debido a la importancia de las mismas como núcleos de población que satisfacen todas las necesidades de las personas –frente a las zonas rurales, cada vez más despobladas–.
La sensibilización política y la implicación de las empresas son algunos de los elementos esenciales para fomentar la economía circular, según una investigación de la URJC.
El Director General de FAO, QU Dongyu se reunió con Jefes de Estado y Gobierno en el marco de la Cumbre de la CELAC en Argentina. Además, realizó una visita oficial a Paraguay.
El empleo a escala mundial crecerá tan solo un 1 % en 2023, dejando 208 millones de personas sin trabajo. Los jóvenes y las mujeres saldrán perdiendo.