Aunque en Colombia los pacientes con cáncer tienen garantizado el acceso al tratamiento a través del sistema de salud, recibirlo puede implicar gastos adicionales que no están contemplados dentro de la cobertura médica, como transporte, alojamiento, alimentación e incluso la pérdida de ingresos por incapacidad laboral, situaciones que en algunos casos pueden poner en riesgo la continuidad del tratamiento.

Estas dificultades no solo afectan la estabilidad económica, sino que además tienen consecuencias directas en el bienestar emocional –como el estrés constante o las tensiones dentro del núcleo familiar de los pacientes– que se podrían trasladar a la decisión de abandonar el tratamiento. Dichos elementos financieros y emocionales comprenden la toxicidad financiera.

“Cuando los pacientes tienen dificultades financieras o emocionales pierden adherencia, es decir que no continúan el tratamiento, lo que incide directamente en su proceso médico. Este impacto no se puede ver individualmente, ya que puede ser el paciente, el acudiente o la familia quienes realmente asumen la carga”, precisa Julio César Sánchez Arévalo, magíster en Epidemiología Clínica de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Hasta ahora en Colombia este impacto no se podía medir sistemáticamente, lo que dificultaba su identificación y limitaba su incorporación en el diseño, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas orientadas a la atención integral del cáncer. Hoy se puede rastrear mediante un cuestionario estructurado que evalúa el impacto económico y psicosocial del tratamiento, más allá de los costos médicos directos cubiertos por el sistema de salud.

Medición del impacto económico y psicosocial del tratamiento

Por medio de 20 preguntas, el cuestionario indaga si, como consecuencia del tratamiento, el paciente ha tenido que dejar de trabajar, reducir su actividad laboral o depender económicamente de terceros, y genera una puntuación entre 0 y 100 que refleja el nivel de la carga financiera asociada con el tratamiento, facilitando así la identificación de pacientes que enfrentan barreras económicas y que incidirían en la continuidad de su atención médica.

El desarrollo se llevó a cabo en cuatro fases. Inicialmente se definió qué significa la toxicidad financiera en el contexto colombiano; luego se realizó un proceso de validación con especialistas en oncología y expertos en psicometría, lo que permitió reconocer tanto los gastos directos asumidos por los pacientes como el impacto emocional derivado del estrés económico que genera el tratamiento.

“Dependiendo de lo que responda el paciente, como evaluador yo puedo empezar a reconocer específicamente si está impactado tanto emocionalmente como por los costos directos e indirectos, lo que permite identificar el nivel de riesgo enfrentado por el paciente y explorar si este impacto estaría influyendo en su adherencia al tratamiento”, explica el investigador.

El cuestionario se aplicó a 348 pacientes con diagnósticos oncológicos como leucemia, linfoma, sarcoma y cáncer de piel, de tiroides, de mama, o del sistema nervioso central, en cuatro instituciones de salud de Bogotá, Pasto y Manizales, lo que permitió comparar su comportamiento en distintos contextos territoriales y socioeconómicos del país.

Según cifras de la Cuenta de Alto Costo, al 31 de octubre de 2025 se registraban en Colombia 782.868 casos de cáncer atendidos dentro del sistema de salud. Entre las neoplasias priorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, los mayores porcentajes corresponden a cáncer de mama (18,03 %), próstata (10,87 %) y colorrectal (6,45 %), lo que refleja una alta demanda de servicios oncológicos.

Según los datos recolectados en la investigación, el 14,7 % de los pacientes cambiaron de ciudad para acceder a la atención médica; el 31,6 % dejó de trabajar, el 41,1 % continuaba sin empleo, y el 22,7 % mantenía su actividad laboral.

Estos resultados evidencian que la carga financiera asociada con el cáncer no es un fenómeno aislado sino una condición que puede alterar sustancialmente la estabilidad laboral y territorial de los pacientes.

“En Pasto la toxicidad financiera fue muy marcada y el cuestionario permitió identificar diferencias en las condiciones económicas según el territorio, en contraste con ciudades como Bogotá, en donde también se evidenciaron afectaciones financieras, incluso en personas con mayores ingresos”, señaló el magíster.

Implicaciones para mejorar políticas públicas en cáncer

En Colombia se han implementado estrategias orientadas a reducir las barreras de acceso al tratamiento oncológico, como programas institucionales de apoyo al transporte o la entrega de alimentación a pacientes y cuidadores que se deben desplazar desde otros municipios para recibir atención médica.

Contar con información que permita identificar a los pacientes que requieren este tipo de apoyos resulta fundamental para orientar la asignación de recursos y fortalecer el diseño de políticas públicas enfocadas en reducir las barreras económicas asociadas con el acceso a la atención oncológica, especialmente en territorios como Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander.

“El cuestionario permite medir si en Colombia estas estrategias realmente están siendo eficientes y qué ajustes se requieren”, anota el investigador.

Este desarrollo no solo responde a una necesidad del contexto colombiano, sino que además abre la posibilidad de adaptarlo a otras enfermedades crónicas. El investigador ya inició un nuevo proyecto para ajustar el cuestionario a pacientes pediátricos con apnea obstructiva del sueño.

Medir la toxicidad financiera significa reconocer que el impacto del cáncer no termina en el consultorio. Contar con un instrumento validado para identificar estas dificultades permite actuar oportunamente y orientar apoyos que eviten que la carga económica se convierta en una barrera para continuar el tratamiento.

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