A nivel global, la pesca a pequeña escala representa la mitad de la producción total del sector pesquero y ésta a su vez, emplea al 90% de la fuerza laboral del sector, de la cual la mitad son mujeres (FAO, 2015b). En general, la evidencia global muestra una alta propensión a la pobreza dentro de los trabajadores dedicados a la pesca (Béné, Devereux y Roelen, 2015).

Teniendo en cuenta la importancia económica de este sector para pequeños productores, así como su alto grado de vulnerabilidad, el objetivo de este documento es presentar un panorama sobre el estado y lo desafíos de la protección social para los pescadores artesanales y AREL en América Latina y el Caribe, analizando las necesidades de protección social de este segmento, los principales programas de protección social existentes en la región, y proponer una hoja de ruta con recomendaciones de política pública para promover una protección social adecuada.

La pesca artesanal se caracteriza por un bajo uso de insumos de capital, desarrollarse a pequeña escala, una intensiva en mano de obra y por su relativamente bajo nivel de productividad (Béné et al, 2015). El bajo nivel de productividad, debido principalmente a las barreras económicas y sociales que enfrentan los hogares y unidades productivas rurales de este segmento, le resta competitividad económica y, por ende, reduce los márgenes de ganancia derivados de la pesca.

Por su lado, la acuicultura de recursos limitados (AREL) se define como “la actividad que se practica sobre la base de autoempleo; sea de forma exclusiva o complementaria, en condiciones de carencia de uno o más recursos que impiden su auto-sostenibilidad productiva y la cobertura de la canasta básica familiar en la región que se desarrolle” (Rodríguez y Flores, 2014). Estas carencias tienen que ver con el acceso a recursos naturales, insumos de producción, conocimiento sobre técnicas de cultivo, tecnologías para aumentar la productividad y por ende la competitividad de la acuicultura, acceso a mercados, y acceso a recursos financieros entre otros.

Tanto la pesca artesanal como la AREL comparten la propensión a la informalidad, al autoempleo y operan por lo general en dinámicas económicas de subsistencia.

El desarrollo de la pesca artesanal y la acuicultura de recursos limitados configura en la población rural medios de subsistencia con necesidades particulares de protección social debido a riesgos propios de su actividad económica. Béné et al (2015) identifican cinco dimensiones de vulnerabilidad que afectan la pesca a pequeña escala: (i) medio ambiente, (ii) ingresos, (iii) salud, (iv) condiciones laborales y (v) la marginalización política. La dimensión ambiental, está relacionada con eventos naturales como inundaciones, huracanes y sequías que tienen una mayor incidencia sobre habitantes de zonas costeras y cercanas a ríos. La dimensión de ingresos está asociada con la estacionalidad de la pesca, la volatilidad de precios y el riesgo ante la pérdida o robo de equipos de trabajo. La dimensión de salud incluye una alta incidencia de enfermedades entre pescadores artesanales y lesiones personales asociadas a riesgos físicos de la actividad pesquera y acuícola.

La dimensión de condiciones laborales comprende el empleo de baja calidad en buques y fábricas de procesamiento, así como el trabajo infantil. Y la dimensión de marginalización política incluye la falta de acceso a espacios que permitan incidir sobre la toma de decisiones y el proceso de formulación de políticas públicas (Béné et al, 2015). Adicionalmente, existen riesgos ocupacionales propios de la pesca que explican su alta tasa de accidentalidad (FAO, 2016b). Estos riesgos inherentes tienen que ver con la exposición a condiciones meteorológicas extremas, el hundimiento de barcos y el ataque de animales, entre otros.

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