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    Actualmente en La Guajira operan 803 aerogeneradores. Foto: Joaquín Sarmiento/AFP.

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    El líder wayúu Alexander Iguarán Uriana participó en el Conversatorio “Entre el mar y el desierto. Autonomía y autodeterminación wayúu”, realizado en la UNAL. Foto: Valeria Peña, Unimedios.

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    Desde hace 2 años la profesora de la UNAL Astrid Ulloa trabaja con las comunidades wayúu en La Guajira. Foto: Valeria Peña, Unimedios.

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    Los líderes wayúu Alexander Iguarán y Jasmín Romero Epiayu abordaron los problemas que afrontan sus comunidades con la instalación de parques eólicos. Foto: Valeria Peña Herrán, Unimedios.

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    En La Guajira se han otorgado 17 licencias ambientales para proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable. Foto: archivo Unimedios.

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    Cartografía sobre las zonas de pesca en lugares sagrados de la comunidad wayúu. Foto: Astrid Ulloa, profesora de la UNAL.

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    Cartografía de sitios sagrados y de protección en Bahía Onda. Foto: Astrid Ulloa, profesora de la UNAL.

2025-12-02

¿Transición energética justa para quién? El costo oculto para la comunidad wayúu


En 2003 se inauguró en La Guajira el primer parque eólico de Colombia, Jepirachi —término que en wuayuunaiki significa “vientos del norte”—, con 15 aerogeneradores que en 2023 dejaron de operar pero siguen sin ser desmantelados. Se trata del primer efecto visible en los paisajes de La Guajira: infraestructuras gigantescas que, una vez cumplida su vida útil, quedan como esqueletos de acero que se oxidan en el territorio.

Durante el Conversatorio “Entre el mar y el desierto. Autonomía y autodeterminación wayúu”, organizado por el Grupo Cultura y Ambiente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, la profesora Astrid Ulloa, del Departamento de Geografía, aseguró que “los parques eólicos y sus desechos se pueden considerar como la expresión material de un nuevo ciclo extractivo que ignora los modos de vida indígenas e impone infraestructuras produciendo ‘entornos verdes violentos’ que se tornan en paisajes de desolación y abandono”.

En La Guajira se han otorgado 17 licencias ambientales para proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable, que abarcan desde líneas de transmisión hasta parque eólicos y fotovoltaicos. De estos, 10 se encuentran en etapa de preconstrucción, 6 en etapa de construcción y 1 ya produce energía al sistema: el Parque Eólico Guajira I, de 20 Mw, con su extensión, el Parque eólico WESP 01, de 12 Mw.

“Cada duna, cada camino, cada espacio natural tiene una significación cultural profunda que las empresas energéticas no comprenden ni respetan. El caso del Parque Eólico Guajira I es emblemático porque se construyó sobre cementerios ancestrales. Pero la apropiación va más allá, porque los nombres de los proyectos eólicos utilizan terminología sagrada wayúu, apropiándose de nuestra simbología espiritual para maquillar el despojo”, afirmó Jasmín Romero Epiayu, líder de la Organización Movimiento Feminista de Niñas y Mujeres Wayúu.

Una transición no tan justa

Aunque uno de los propósitos del Gobierno es generar energía limpia, esta misión no se puede completar sin considerar la historia y las tradiciones de las comunidades.

En el Conversatorio, Alexander Iguarán Uriana, líder wayúu de la comunidad de Luace, defensor de derechos humanos, dijo que “la economía de esta comunidad se basa en la pesca, el pastoreo y la agricultura de subsistencia, actividades que se están viendo afectadas por los proyectos de energía. Los aerogeneradores ocupan espacios vitales para el pastoreo de chivos y alteran las rutas de movilidad tradicional. Estos proyectos imponen ciclos industriales de 30 años que chocan frontalmente con nuestros ciclos naturales y culturales. El tiempo y la vida para nosotros incluye dimensiones que la lógica empresarial ignora, como el tiempo de la montaña, del agua, o del viento”.

Según la profesora Ulloa, en La Guajira se piensan instalar 2.833 aerogeneradores que alterarán los patrones de vuelo de los murciélagos, especies cruciales para la polinización de la flora local como los cactus, que sirven de materia prima para construir casas y herramientas esenciales para la vida en el bosque seco tropical o el desierto que caracteriza a esta región.

A la par, el ruido constante de las turbinas ahuyenta la fauna y modifica el comportamiento de las aves, mientras que las infraestructuras subterráneas y superficiales interrumpen los ciclos naturales de ríos y quebradas. Para los participantes del evento, lo que las empresas presentan como energía limpia, en la práctica significa la destrucción de equilibrios ecológicos que han sostenido el territorio ancestral wayúu.

La imposición de estos proyectos ha generado profundas divisiones en las comunidades. La lideresa Romero denuncia la aparición de lo que ella llama “nuevas élites wayúu”, que negocian con las empresas sin representar la voluntad colectiva, una fractura social que se agrava con la llegada de grupos delincuenciales que controlan los territorios en donde se instalan los proyectos eólicos.

En relación con la estrategia de gestión y relacionamiento social, el Ministerio de Minas y Energía destaca que hasta ahora se han gestionado más de 148 conflictos interculturales que involucran a las 8 empresas promotoras de los proyectos a través de la construcción metodológica con base en el Sistema Normativo Wayúu, respetando la autonomía indígena y promoviendo el fortalecimiento de la participación de la comunidad.

La UNAL como puente de resistencia

Frente a esta realidad, desde hace 2 años la profesora Ulloa trabaja con la comunidad Luace, analizando cómo la transición energética justa afectará aspectos importantes como la temporalidad. La investigación forma parte de una iniciativa internacional de la British Academy, producto del trabajo conjunto entre la UNAL y la Universidad de Bristol, y se ha convertido en una herramienta crucial para documentar y analizar los impactos de estos proyectos.

Con este propósito, se realizó un trabajo cartográfico conjunto que ha permitido visibilizar la geografía espiritual y cultural de dicho territorio, evidenciando los sitios sagrados, su importancia ambiental y en las dinámicas de las comunidades, temas que las empresas y el Gobierno ignoran y han servido como herramientas políticas que demuestran la incompatibilidad entre los proyectos y la supervivencia cultural.

El trabajo conjunto también ha reflexionado sobre factores como la necesidad de crear protocolos autónomos sobre cómo se debe respetar el consentimiento previo, libre e informado; discusiones sobre el reconocimiento de su autonomía y autodeterminación; y el fortalecimiento de sus demandas de reconocimiento territorial.

Este trabajo ha permitido reflexionar sobre cómo las empresas representan el territorio y la tecnología eólica como una solución sociotécnica frente a la crisis climática, pero no consideran las implicaciones sociales, culturales, temporales y territoriales para las comunidades que se verán afectadas, ni sus relaciones con otros seres vivos o no humanos como el viento o el agua.

Como resultado, se elaboró un “Plan de Vida”, un documento que sirve como herramienta de defensa territorial y continuidad cultural, en esencia, una materialización de la cosmovisión wayuu.

Cabe destacar que las comunidades de La Guajira no se oponen a la sostenibilidad ambiental ni a una transición energética, sino a un modelo que reproduce lógicas y desigualdades estructurales del extractivismo tradicional que no tiene en cuenta las necesidades de la gente que habita el territorio. Por eso demandan el reconocimiento de su derecho a existir como pueblo, a mantener sus relaciones espirituales con el territorio y a decidir autónomamente sobre su futuro.

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Imagen Unimedios | Agencia de Noticias UN

Unimedios | Agencia de Noticias UN

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