La protección del consumidor en el mercado financiero tiene varias dimensiones. Desde un punto de vista formal, los derechos del consumidor están garantizados por la ley. Se implementan programas educativos en escuelas y medios de comunicación para promover el conocimiento y el uso responsable de productos y servicios financieros. A pesar de los esfuerzos realizados, el número de decisiones financieras incorrectas y subóptimas es tan alto que el riesgo de que los hogares caigan en deudas excesivas sigue siendo significativo. La limitada efectividad de la ley llevó a la afirmación de que solo una educación efectiva puede reducir el riesgo de decisiones financieras subóptimas. Desafortunadamente, los esfuerzos realizados en esta área no son completamente satisfactorios. El estudio del conocimiento financiero de los consumidores, que se llevó a cabo en Polonia en enero de 2024, tuvo como objetivo verificar los errores de los consumidores y su naturaleza. Como parte del estudio del consumidor, no solo se verificó el conocimiento declarado, sino también el conocimiento real. Las dudas de los investigadores surgieron de una comparación de los resultados de investigaciones científicas en esta área con la situación actual del mercado. Los consumidores declaran un alto nivel de conocimiento de conceptos económicos y financieros. En la práctica, sin embargo, cometen errores que no solo indican errores cognitivos de comportamiento, sino también una falta de conocimiento. Las preguntas de la prueba se construyeron de tal manera que verificaran el conocimiento declarado (basado en preguntas de verificación). Estas mostraron que el nivel real de conocimiento era inferior al declarado. También se llevó a cabo una revisión de la literatura y estudios sobre el conocimiento financiero y la competencia financiera de los consumidores en los países de Europa Central. El análisis de los resultados permitió formular conclusiones sobre la brecha educativa en relación con las características sociales. Las conclusiones resultantes del estudio plantean preguntas sobre la efectividad de los métodos educativos utilizados e indican posibles direcciones de cambios en la política de regulación del consumidor, cuyo objetivo es garantizar un alto nivel de protección al consumidor.